Diversas irregularidades detectó la Contraloría Regional en el “aparcadero municipal” de Villarrica,
desde la concesión a otras acciones que podrían constituir delito.
Se trata de un recinto destinado custodiar los vehículos retirados de circulación, que fue
administrado por una empresa particular entre 2023 y 2025; el problema es que dos trabajadores de
la propia Municipalidad de Villarica, eran los dueños de la empresa concesionaria, lo que,
naturalmente, constituiría una vulneración al principio de probidad.
Por otra parte, se conoció, que el director de control del citado municipio habría tenido una activa
participación en las gestiones para retirar un vehículo que se encontraba bajo custodia municipal,
gestiones que concluyeron con la obtención de un poder para disponer del vehículo (un automóvil),
el que, posteriormente, fue transferido a un familiar directo.
Además, Contraloría detectó inconsistencias en el cobro y retiro de vehículos; en uno de los casos
analizados, pese a que la concesionaria informó una condonación total de los costos de bodegaje, se
habrían realizado cobros al propietario por fuera de los mecanismos formales de rendición, sin
respaldo tributario ni registro de los ingresos correspondientes.
MINISTERIO PÚBLICO
La investigación también dejó en evidencia que la concesión fue adjudicada a una empresa que no
contaba con la patente municipal necesaria para desarrollar la actividad y que continuó operando sin
ella durante todo el período revisado. Por otra parte, el aparcadero funcionó en un predio distinto
La Contraloría remitió los antecedentes al Ministerio Público y ordenó diversas medidas, entre ellas
la elaboración de un catastro de cierre del aparcadero, el cobro de montos adeudados por concepto
de patente municipal y que se dicte una nueva ordenanza que regule la custodia de vehículos
retirados de circulación, correspondiente a la comuna de Villarrica, para lo cual se otorgó un plazo
de 60 días.