Los APR no tienen ni la infraestructura, ni los cuadros técnicos, ni mucho menos la liquidez financiera de una empresa sanitaria, por lo tanto, la advertencia de la Superintendencia de Servicios Sanitarios sobre fiscalizaciones y posibles sanciones, de encontrarse incumplimientos a las exigencias de la Ley 20.998 -que busca regular los servicios sanitarios rurales-, adolece de los componentes sociales, que son la raíz de estas organizaciones comunitarias, que solo buscan ir en apoyo de sus vecinos”.
En líneas generales, lo anterior fue lo que planteó el senador de La Araucanía, Francisco Huenchumilla, quien manifestó inquietud por la alerta levantada por la Federación Nacional de APR de Chile, cuya presidenta es temuquense, organización que expresó su preocupación por “el tono de advertencia y amenaza de sanciones” contenidas en un oficio enviado por el ente fiscalizador.
AMENAZAS
Cabe consignar que el citado oficio indica: “toda solicitud de antecedentes o instrucción impartida a un APR debe ser respondida en los plazos fijados y toda infracción o incumplimiento de órdenes e instrucciones, los hará objeto de multas a beneficio fiscal”.
Para el legislador por La Araucanía, Francisco Huenchumilla “la autoridad comete un error y debería mostrar una actitud distinta hacia los APR, ya que los plazos de adecuación que dio la ley han ido finalizando, pero durante estos años de transición no hubo un esfuerzo consistente de apoyo y acompañamiento, sin considerar que los APR son entidades comunitarias sin fines de lucro y no son empresas sanitarias”, concluyó...